Hace más de un siglo que se adoptaron los primeros tratados internacionales para la regulación de sustancias psicoactivas. El actual marco internacional entró en vigor en 1961, con la aprobación de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Desde entonces, el sistema de fiscalización ha incrementado su alcance y rigor con la incorporación de otras dos convenciones (en 1971 y 1988). Estos tres acuerdos cuentan con un apoyo casi absoluto de todos los Gobiernos nacionales representados en la ONU y disponen el establecimiento de diversos organismos (como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes o la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y estructuras de toma de decisión (como la Comisión de Estupefacientes) para supervisar y fomentar la aplicación de los distintos tratados.

El sistema pretende imponer un tipo de regulación que restrinja el uso de estas sustancias exclusivamente a “fines médicos y científicos”. Así, las iniciativas internacionales han procurado minimizar y (con suerte) eliminar la producción, la distribución y el consumo de sustancias psicotrópicas con otros propósitos.

El balance de las pruebas disponibles demuestra que a la comunidad internacional le ha resultado imposible conseguir una reducción sostenida y significativa de las dimensiones de los mercados de drogas y que se pueden alcanzar logros importantes en la reducción de los daños asociados al consumo y los mercados de drogas sin limitar necesariamente la escala general del mercado. También es evidente que las medidas usadas para aplicar los enfoques basados en actividades represivas y punitivas fomentados por el sistema pueden traducirse a menudo en importantes daños sociales y sanitarios.