A través de documentos oficiales, investigaciones y testimonios personales, Metzineres y el IDPC ilustran la necesidad de eliminar la discriminación, la criminalización y la violencia sistemática contra las mujeres y personas con género diverso que consumen drogas.
La Red Jurídica sobre el VIH aboga por un enfoque basado en los derechos humanos, centrado en intervenciones basadas en pruebas y culturalmente sensibles que adopten las formas indígenas de saber y hacer.
Liberty, Release y otras siete organizaciones ofrecen un plan para reparar el daño y construir una sociedad en la que toda persona joven tengan la oportunidad de desarrollarse.
C-EHRN subraya la importancia de la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales, emparejada por un adecuado financiamiento y un claro mandato a los proveedores de servicios, ante un panorama desafiante y en constante cambio respecto a la reducción de daños.
É de Lei documenta el recrudecimiento de la violencia policial durante y después del periodo de confinamiento por el COVID-19, así como las estrategias de reducción de daños y movilización comunitaria para resistir y luchar por los derechos de las personas habitantes de la zona.
Acción Andina explora las deficiencias de un marco legal que penaliza a las personas usuarias de drogas y ofrece recomendaciones hacia reformas que prioricen una respuesta socio-sanitarias.
C-EHRN ofrece una visión general del estado de la reducción de daños en la región, con especial atención a los servicios esenciales, la hepatitis C y las nuevas tendencias en materia de drogas.
La Red Europea de Reducción de Daños analiza lo que significa contar con una mayor participación de la comunidad en la investigación sobre reducción de daños, y cómo ello puede fomentar la creación de conocimientos más complejos y multidimensionales.
INPUD ofrece un recurso para elaborar recomendaciones de reforma legislativa y política con el fin de eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas usuarias de drogas a los servicios esenciales relacionados con el VIH, así como a los servicios de reducción de daños y otros servicios sanitarios relacionados.
El Foro reunió a personas expertas de gobierno, de la ONU y de la sociedad civil para debatir sobre los retos en materia de desarrollo, salud y derechos humanos en relación con el control de drogas antes de la revisión intermedia de 2024 de la aplicación de la Declaración Política de 2019.
